El arresto arbitrario del abogado Ramón Flores Carrillo en mayo de 1999 marcó el inicio de una lista negra que hoy suma más de 15.000 personas detenidas por razones políticas en Venezuela. Denunciar la corrupción de un general le costó la libertad. Sobrevivir a esa persecución lo llevó a fundar la Organización Internacional de Derechos Humanos.
¿Qué pasa cuando te atreves a denunciar a un jerarca con soles en la charretera?
En un país con estado de derecho, vas a juicio y presentas las pruebas. En la Venezuela de 1999, te convertías en el primer preso político de una revolución que apenas estaba aprendiendo a usar sus garras.
Hoy las cifras de la represión son contundentes. Organizaciones de derechos humanos han documentado más de 15.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos durante los años del chavismo.
Pero si ello ya de por sí constituye un horror, uno de los temas más alarmantes es que casi 30 disidentes perdieron la vida bajo custodia del Estado, en circunstancias que aún no han sido del todo esclarecidas.
Y hay prisioneros de conciencia que superaron los 20 años detrás de los barrotes, castigados con el olvido en celdas de máxima seguridad por no comulgar con el poder.
EL DATO
15.000+ detenciones arbitrarias por motivos políticos han sido documentadas en Venezuela durante los años del chavismo. Pero toda estadística del horror tiene un punto de partida. Alguien tuvo que inaugurar esa lista. Y ese fue Ramón Flores Carrillo, abogado, profesor universitario y exprefecto de Caracas.
El caso que abrió la lista: mayo de 1999
Estamos en mayo de 1999. Hugo Chávez lleva pocos meses en el Palacio de Miraflores, vendiendo al mundo la promesa de barrer la corrupción con una escoba nueva. En ese contexto, Ramón Flores Carrillo —jurista, profesor universitario y exprefecto de Caracas— asume una representación legal que le cambiaría la vida.
Cuatro mineros llegaron a su despacho con una denuncia grave. Aseguraban haber sido atropellados y robados. Los mineros eran la parte débil de la ecuación. La verdadera bomba de tiempo era el acusado: el General de Brigada de la Guardia Nacional, Raúl Silva Ruiz.
El delito de tener razón
Flores Carrillo hizo lo que cualquier abogado penalista debe hacer. Solicitó la apertura de una averiguación respaldado en la denuncia de sus clientes, señalando una presunta red de tráfico de oro y piedras preciosas en Puerto Ordaz, estado Bolívar, operada por el alto mando militar.
La respuesta del poder no fue una investigación transparente. Fue un zarpazo.
Sin orden judicial, sin haber sido sorprendido en un hecho punible y violando el principio del juez natural consagrado en la Constitución, Ramón Flores Carrillo fue citado a declarar como testigo y terminó encerrado en los calabozos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM).
¿La excusa oficial para meter a un civil en una prisión castrense? Un cargo fabricado a la medida de la naciente tiranía: «vilipendio a las Fuerzas Armadas». Ofender el honor militar por atreverse a señalar que uno de sus generales tenía oro robado en sus manos.
«Ciudadano ejemplar y caballero de excepción. Las razones de su cautiverio en una dependencia militar son oscuras.»
Elio Gómez Grillo, eminente criminólogo y quien fuera profesor de Ramón Flores Carrillo (1999)
La guerra de los poderes: tribunales contra militares
Esta no es una historia de pasillo. Es un expediente documentado en papel periódico que hoy sirve como testamento del primer gran quiebre institucional de la Quinta República. Basta con revisar el archivo hemerográfico de la época para entender el nivel de impunidad que se estaba gestando.
El choque con la justicia civil. El 26 de mayo de 1999, el juez 42 de Primera Instancia en lo Penal, Carlos Andrés Pérez, hizo su trabajo: declaró un recurso de Habeas Corpus a favor de Flores Carrillo y ordenó su liberación inmediata. La respuesta militar dejó claro quién mandaba ahora. Ovidio Jesús Poggioli, director de la DIM, se negó a soltarlo.
El diario vespertino El Mundo, en su edición del 27 de mayo de 1999, inmortalizó el desafío en primera plana: «OCHO DÍAS DE ARRESTO AL DIRECTOR DE LA DIM». El juez penal, indignado por el desacato y la burla al amparo constitucional, ordenó el arresto del jefe de inteligencia. Por supuesto, el sistema militar protegió a los suyos y Flores siguió preso.
La campaña de descrédito. Mientras el diario El Jornalero documentaba en sus páginas —edición del 15 de junio al 15 de julio de 1999— cómo se orquestaba una campaña para silenciar la corrupción minera atacando la reputación del exprefecto, figuras de intachable trayectoria en Venezuela salían en su defensa. El eminente criminólogo Elio Gómez Grillo usó un espacio de opinión para dejar las cosas claras.
La presión en el Congreso. El escándalo fue tal que obligó a la creación de una Comisión Especial de Diputados. El viernes 4 de junio de 1999, la prensa reportaba que el caso sería llevado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la CIDH en la OEA y hasta la Corte de La Haya.
El diputado Alejandro Gómez Silva declaró públicamente que el caso era aberrante. Lo que no dijo tan alto —y que Flores denunció desde su encierro— es que Gómez Silva era pariente directo del general Silva Ruiz.
¿Quién es Ramón Flores Carrillo?
Abogado y profesor universitario venezolano. Antes de su detención arbitraria en 1999 había sido prefecto de Caracas. Tiene un PHD en Derecho Internacional por Preston University (Wyoming). Fue presidente del Capítulo Venezuela de la Federación Interamericana de Abogados y es profesor titular de la Universidad Santa María desde 1998.
Una de las áreas en las que se ha especializado ha sido la defensa de los derechos humanos. Asimismo, ha sido columnista en distintos medios de comunicación nacionales impresos y digitales —La Voz, 2001, La Patilla, entre otros—, al tiempo que ha sido merecedor de más de 35 condecoraciones por trayectoria profesional.
